Atado al carro en marcha de la sucesión, ¿a qué huele el cadáver político de Robertico Robaina?

Para comprender el verdadero significado de la expulsión deshonrosa de Roberto Robaina del Partido Comunista de Cuba hay, ante todo, que echar a un lado las cortinas de humo levantadas por las informaciones oficiales en torno al asunto, las cuales impiden descubrir sus causas reales. A Robaina se le acusa, según se observa en un misterioso vídeo del IV Pleno del Comité Central del 7 de mayo pasado, de deslealtad al Comandante en Jefe, corrupción y de autopromocionarse como candidato a la sucesión de Fidel Castro.

¿La expulsión del partido de Robaina constituye parte de un proceso orientado contra la corrupción, o es uno de los elementos notables de la lucha interna con respecto a la sucesión del poder? De las informaciones aparecidas se hace difícil deducir que la denuncia de corrupción tenga verdadero papel en este caso, salvo el de distraer la atención de los observadores y, de paso, desacreditar al ex canciller frente a la militancia y el resto de la población para legitimar las acciones en su contra, método aplicado habitualmente a otros dirigentes destituidos. Robaina mantenía un modo de vida personal y oficial que en nada se alejaba de los parámetros en que se desempeña la dirigencia del país. De hecho, más bien su singularidad fue que durante varios años destacó no sólo por el rápido ascenso a la alta dirección —lo que ocurre con frecuencia en Cuba—, sino por un trabajo eficaz y de apariencia sencilla, que contrastaba con la imagen burocratizada de muchos de los cuadros profesionales del partido y el aparato de gobierno. También, por haber facilitado desde sus cargos de Segundo y Primer Secretario de la UJC, entre 1982 y 1993, la formación y promoción de una nueva generación de dirigentes nacidos de la Juventud Comunista, entre otros, Felipe Pérez Roque, Juan Contino, Otto Rivero y Bruno Rodríguez, que hoy ocupan cargos de relevancia nacional.

Robaina, en calidad de miembro del Buró Político y Ministro de Relaciones Exteriores, no necesitaba pedir a un extranjero un juego de muebles para su casa, como insinúan las acusaciones que se le atribuyen. Es sabido que los cuadros superiores del partido y el Estado —a diferencia del ciudadano de a pie— tienen cubiertas las necesidades de su hogar, incluyendo la alimentación balanceada, los servicios a su auto, las vacaciones y otros privilegios que están reglamentados en las "normas internas" del partido y en la "política de estímulo" a los dirigentes.

En cuanto a las otras imputaciones de corrupción, basadas en que el ex canciller aceptó dinero del ex político mexicano Mario Villanueva, y de firmas extranjeras en Cuba, para reparar la Cancillería en La Habana y la Embajada de Cuba en México, y de utilizar el avión particular de Villanueva en viajes oficiales por el Caribe, se dan fuera de contexto y asumen otra dimensión: aquí se trata de un estilo de trabajo introducido por el régimen para captar y economizar dólares a través de la actividad diplomática, a partir del uso de las relaciones de amistad de los funcionarios con extranjeros, la solidaridad internacional y la autorización para recibir regalos —principalmente en dólares— con fines sociales, una práctica totalmente extendida y aceptada desde hace décadas dentro de la actividad de la cancillería, el resto del aparato de relaciones internacionales y el Gobierno. En todo caso, Robaina fue acusado, de forma selectiva e intencionada, por practicar un tipo de corrupción institucional implantada oficialmente y que es un componente más de la crisis ética que padece la nación. Bastaría preguntarse si los líderes cubanos no estaban al tanto de todos estos trajines cuando se dedicaban a grabarle las conversaciones telefónicas a Robaina con el canciller español de visita en La Habana, del mismo modo que se lo harían al presidente de México, Vicente Fox, años después.

Asimismo, los vínculos de Robaina con Mario Villanueva se remontan al momento en que el segundo era Gobernador de Quintana Roo, y no a la actualidad, cuando se encuentra encausado por participar en el Cártel del narcotráfico de Juárez. Dichos vínculos eran normales, si se tiene en cuenta la larga tradición de relaciones y confabulaciones existentes entre la dirección cubana y la cúpula del PRI de México. Si en futuras investigaciones apareciera algún indicio concreto de que Robaina tuvo durante su etapa de canciller alguna conexión con el narcotráfico a partir de Villanueva, va a resultar más difícil inculparlo en una causa como la número 1 de Ochoa-De la Guardia, y hacerlo responsable de operaciones individuales en ese sentido sin autorización del Estado cubano y de su más alta jerarquía. Un hecho que podría explicar, entonces, el por qué aparecieron precisamente ahora las inculpaciones referidas respecto al ex canciller.

Después del sorpresivo y aleccionador juicio y fusilamiento de Arnaldo Ochoa, Antonio de la Guardia, Amado Padrón y Jorge Martínez, es imposible que ninguna personalidad o actor responsable en el campo político y en las relaciones internacionales pueda creer que Roberto Robaina tomaría, por iniciativa propia, la decisión de participar en cualquier acción vinculada al narcotráfico. A esa segunda puesta en escena nadie podría darle crédito, lo que sin dudas es un factor que favorece a Robaina en medio de su delicada crisis.

Por el contrario, lo que inducen a pensar las informaciones aparecidas es que la purga a Robaina tiene como componente central las interioridades de la lucha por el poder, y la intención del liderazgo para crear las condiciones óptimas para que Raúl Castro asuma la sucesión gubernamental sin contrapartes posibles, en calidad de figura designada por Fidel Castro. Raúl ha esperado demasiados años para ocupar la dirección del país para permitir que alguien pretenda arrebatarle la oportunidad. La anterior hipótesis queda evidenciada en el vídeo mencionado, cuando Raúl Castro hace un dramático paralelismo entre la actual situación de Robaina y la de Carlos Aldana en 1992; según el menor de los Castro, Robaina no asimiló nada de aquella lección cuando Aldana ambicionaba convertirse en el Gorbachov de Cuba y fue destituido de sus cargos. Esa opinión del Ministro de las FAR, por un lado, ratifica que, en ambos casos, lo ocurrido fueron deposiciones de orden político y, por otro, introduce la interrogante de si Raúl Castro está retomando el caso de Aldana, al hacer mención pública del asunto en esta particular ocasión.

Con estas purgas políticas secuenciales, entre aquellas figuras que con razón o no el liderazgo percibe con más automonía o menos dóciles a su control, se busca despejar la sucesión del poder a Raúl Castro y, a la vez, sentar una dura advertencia: nadie en la dirección política, ni joven ni viejo (el problema no es una cuestión generacional) ni línea dura ni moderado, puede aspirar a variar el orden previsto para el cambio de mando decidido por el propio Fidel Castro. En un Gobierno donde las decisiones son impuestas de un modo no democrático, con un estilo personalista de ordeno y mando desde las instancias superiores, esa manera turbia de abrirle la ruta hacia el poder a Raúl Castro introduce un segundo precedente muy peligroso. No bastan una historia personal de trabajo, méritos y de fidelidad al partido para que de forma sorpresiva cualquier dirigente pueda ser acusado de autopromoverse para la dirección del país o, por cualquier otra justificación, verse implicado en supuestos actos de deslealtad y traición a los dos dirigentes principales.

Lo cierto es que los controvertidos procesos ocurridos, sin ir muy lejos en el tiempo y recordando únicamente a las personas más conocidas —a los generales Arnaldo Ochoa, Patricio de la Guardia, José Abrantes, Pascual Martínez, al coronel Antonio de la Guardia, y a dirigentes civiles como Diocles Torralba, Jesús Escandell, Carlos Aldana, Alcibíades Hidalgo, y ahora a Manuel Limonta y Robaina—, pueden sucederle mañana a cualquier otro en la nomenclatura del partido y el Estado. También es de esperarse que, como en los casos mencionados, no habrá en Cuba una sola voz que se levante ni siquiera dentro del grupo de los amigos más íntimos del purgado en el Gobierno, el Comité Central, el Consejo de Estado, la Asamblea Nacional o el Cuerpo de Generales, para pedir moderación y un juicio sereno y transparente sobre las causas que dieron lugar a la destitución y determinar el grado de veracidad de las acusaciones. Mucho menos para preocuparse por el porvenir del compañero en desgracia. Es el comportamiento deplorable que exige a sus subordinados el liderazgo histórico y la educación y cultura política con que son formados los dirigentes de la nación. La obediencia debida a la autoridad suprema termina siendo el principio moral y de conducta de mayor jerarquía dentro del régimen cubano, y esa resulta siempre una vía opuesta a la democracia, al Estado de Derecho y al respeto a los derechos humanos.