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Cuba: Mito y realidad |
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Marifeli
Pérez-Stable
Publicado en
la revista Encuentro |
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El régimen
cubano ha entrado en una dinámica represiva que atiende,
básicamente, a problemas vinculados con la
gobernabilidad del país.
Las
condenas a 75 opositores pacíficos y los fusilamientos
de tres hombres por secuestrar una embarcación deben
entenderse fundamentalmente por el contexto interno de
Cuba. La dirigencia cubana no acaba de encauzar un
proceso de reformas económicas que le permita relajar
las tensiones de sus relaciones internacionales. A las
medidas de principios de los noventa no le han sucedido
otras que realmente arraiguen en una reestructuración.
El resultado es que se ha entronizado el inmovilismo
económico a la par que se han acelerado las
movilizaciones y la ideología nacionalista. A Fidel
Castro le es más fácil gobernar desde las crisis que
desde cualquier tipo de normalidad. En ese sentido, el
enfrentamiento con EE UU es un factor consustancial a la
manera en que ha ejercido el poder a lo largo de casi 45
años.
Aunque
hace rato que la revolución pasó a la historia, no
sucede lo mismo con su distintivo cuasi mítico de
baluarte del nacionalismo y la equidad. A principios de
los años sesenta, la soberanía ganada ante EE UU y los
avances en justicia social forjaron en los cubanos un
vínculo afectivo tan fuerte que incluso hoy, cuando en
Cuba no queda ni rastro de lo que fue -o prometió ser-
la revolución, aún sienten su ascendencia algunos
sectores de la población. Sólo el empecinado diferendo
con EE UU permitió al régimen rodearse del aura de David
y retener, si no simpatías, sí un cierto perfil
internacional. Pareciera que las desmesuradas sentencias
a 75 opositores no violentos y las ejecuciones
sumarísimas de tres secuestradores constituyen un parte
aguas entre los efectos residuales del mito
revolucionario y la realidad de la dictadura que azota a
Cuba.
En cierto
modo, la represión reciente se desmarca de los casos más
notorios de los últimos 15 años: el fusilamiento del
general Arnaldo Ochoa, el coronel Antonio de la Guardia
y otros dos oficiales en 1989; el hundimiento del
remolcador 13 de marzo en 1994, con 41 muertos (10 de
ellos menores de edad); el derribo de dos avionetas en
aguas internacionales (según lo estableció la
Organización de Aviación Civil Internacional, una
agencia de la ONU) con cuatro víctimas mortales; y la
represión rutinaria a la oposición mediante la
intimidación, el hostigamiento, la arbitrariedad y el
encarcelamiento.
Los
fusilamientos de 1989, aunque sacudieron a Cuba, fueron
un affaire de la elite. Entrañaban riesgos, pues
mostraron una fisura en la cúpula del poder que pudo
haber sido fatídica. Entonces agonizaban la URSS y la
Europa del Este, China se había enfrentado a la Plaza de
Tiananmen y se avecinaba la derrota electoral del
sandinismo en Nicaragua. Cuba encaraba una crisis
latente -por el estancamiento de su economía y, sobre
todo, por el agotamiento de la ciudadanía-, pero la
contuvo. Precisamente, la capacidad de la elite para
mantenerse cohesionada ha sido una de las razones de su
perdurabilidad.
En julio
de 1994, el 13 de Marzo fue usurpado por un grupo de
personas que intentaba salir de Cuba; las autoridades lo
interceptaron y lo hundieron. Si se hubiera efectuado un
sondeo en aquel momento, éste hubiera registrado un casi
seguro repudio abrumador al hundimiento. ¿Cómo no iba a
conmoverse la opinión pública si millones de cubanos
habían contemplado la idea de irse del país y 750.000
solicitarían la salida a la Sección de Intereses de EE
UU? Al hundimiento le sucedieron dos hechos notables: el
"maleconazo" del 5 de agosto, cuando miles de personas
se congregaron en el litoral habanero por el rumor de
que se aproximaban embarcaciones para trasladar a la
Florida a todo el que quisiera y, al no aparecer,
vocearon consignas anti-gubernamentales; y la estampida
de 35.000 cubanos devenidos en balseros después de que
el Gobierno abriera las costas para la libre emigración.
Estos sucesos destacaron el poder de convocatoria de la
migración en la ciudadanía y en las relaciones EE
UU-Cuba. En septiembre, los dos gobiernos acordaron un
pacto migratorio que facilitó la entrada anual a EE UU
de hasta 20.000 cubanos.
El derribo
de las avionetas de Hermanos al Rescate -organización
del exilio que sobrevolaba el estrecho de la Florida en
busca de balseros y ocasionalmente el territorio cubano
para arrojar pasquines de apoyo a la oposición- fue un
factor que determinó la aprobación de la ley
Helms-Burton en su versión más dura. Hasta entonces, el
proyecto languidecía en el Congreso de EE UU, y sus
partidarios buscaban revivirlo diluyendo los acápites
más fuertemente objetados por Europa y América Latina.
Sin embargo, una Helms-Burton light no le convenía a
Castro porque no reforzaba su imagen de víctima ni
acallaba a los que desde el Gobierno pedían reformas más
contundentes. Durante la primera mitad de los años
noventa, La Habana aplicó algunas medidas para frenar el
colapso económico, pero no todas las indicadas para
afrontar la nueva realidad internacional ni para mejorar
los estándares de vida. Aunque a mediados de 1995 Castro
declaró concluidas las reformas, sectores de la elite
seguían insistiendo discretamente sobre las mismas. La
ampliación de la apertura económica y la relajación de
las tensiones internacionales eran -y son- dos caras de
la misma moneda.
Hasta los
últimos arrestos y condenas, el régimen había tolerado
el crecimiento de la disidencia y de la sociedad civil
independiente. Mientras se sintiera confiado en mantener
la situación interna bajo control, esa suerte de
liberalidad le permitía manejar en sus relaciones
exteriores el tema de los derechos humanos. En 1999, el
régimen hizo la vista gorda cuando prominentes
opositores se reunieron con dignatarios extranjeros
presentes en la Cumbre Iberoamericana de La Habana. La
tolerancia no era tal, ya que quienes perdían el miedo y
actuaban como si fueran libres eran hostigados de mil
maneras, vivían a la sombra del poder arbitrario y con
la permanente amenaza de la cárcel. Sin embargo, en los
años noventa, las sentencias habían sido leves, aunque
injustificadas por tratarse de personas condenadas por
razones de conciencia. A principios de 1999, se proclamó
la ley de Protección de la Independencia Nacional y la
Economía de Cuba, que establecía altísimas condenas
-ahora aplicadas- por emitir opiniones consideradas
contrarias a la soberanía y los intereses nacionales.
A pesar de
su reciente desarrollo, la oposición abierta no
representaba un peligro inmediato para el Gobierno. Con
profundo desprecio, el oficialismo tildaba de
"grupúsculos" a la miríada de organizaciones de la
sociedad civil, y finalmente el poder arbitrario sacó
las garras y les dio un zarpazo que, si no mortal, los
ha debilitado de cara al futuro próximo. Sin embargo
-aunque lejos de movilizar recursos suficientes como
para retar efectivamente al régimen-, la oposición se
erigía en una fuerza política con futuro. Así lo
reconoció el presidente Carter cuando mencionó al
Proyecto Varela en su discurso en la Universidad de La
Habana el año pasado, algo imposible si este esfuerzo y
otros paralelos no constituyeran plataformas políticas
incipientes. No fue por ser un simple ciudadano con el
valor de sus convicciones la razón por la que la Unión
Europea le otorgó a Oswaldo Payá el Premio Sajarov para
la Libertad de Pensamiento. Como el referéndum que
declaró irrevocable el socialismo en Cuba hace casi un
año, la reciente ola represiva es una muestra de
debilidad. El desarrollo de la oposición contribuyó a
los tristísimos sucesos (junto a la actuación inoportuna
del representante de EE UU en La Habana), pero lo
determinante fue el contexto más amplio del Gobierno y
de la sociedad cubana.
La
reciente ola represiva no se desmarca de los patrones de
violencia -potencial o ejercida- del régimen cubano
desde sus inicios. Incluso cuando la revolución estaba
en su apogeo, en Cuba y en el mundo, el Gobierno se
consolidó sobre los cadáveres de miles de fusilados,
decenas de miles de presos políticos, cientos de miles
de exiliados y el "insilio" -el destierro al silencio de
quienes se quedaron y se oponían a la plataforma que
desde entonces pasa por política: lealtad trinitaria e
indivisible a Cuba, a la revolución y al máximo líder-.
Desde el principio, esta plataforma era intrínsecamente
fallida al no permitir, siquiera dentro de sus filas, la
diversidad y el pluralismo propios de cualquier proyecto
humano.
Ni
entonces ni ahora la dirigencia cubana ha titubeado para
mantenerse en el poder. La diferencia radica en que en
los años sesenta había un gran apoyo popular y ahora no.
El país revolucionario entonces entendía la represión
como una medida defensiva para derrotar a la
contrarrevolución; hoy, los ciudadanos de a pie -los que
fueron revolucionarios y los hijos y nietos de los que
lo habían sido- conocen de cerca el poder represivo del
régimen y saben que no son libres. Si la consolidación a
toda costa fue una causa compartida con millones de
cubanos, la defensa a ultranza del poder en los términos
actualmente definidos por la máxima dirigencia no lo es.
Por eso los fusilamientos del 11 de abril son
espeluznantes: aunque la mayoría no contemplara unirse a
la oposición organizada, sí lo ha hecho respecto a la
salida del país. Los fusilados eran simples ciudadanos
de un barrio pobre de La Habana, y como ellos hay
millones en Cuba. Otras medidas recientes sobre salud
pública y tráfico de drogas han avalado un despliegue
pretoriano e inevitables registros en los hogares. Estos
registros evidencian las ilegalidades necesarias para la
supervivencia diaria y para recordar a todos el alcance
de los tentáculos oficiales. La ola represiva de marzo y
abril ha subrayado el abismo psicológico entre el
"nosotros", que alguna vez abarcó a la dirigencia y al
pueblo, y el "ellos" que ahora la ciudadanía aplica al
régimen.
Aunque
también es una advertencia a los cubanos de a pie, la
represión contra la oposición resulta consustancial al
régimen. Tras el colapso de Europa oriental y la
desaparición de la URSS, la dirigencia cubana se
enfrentó al reto de cómo gobernar su país. Personas
sensatas, dentro y fuera de Cuba, aconsejaron una
liberalización -pausada pero decidida- que permitiera un
aterrizaje suave tras la Guerra Fría. China y Vietnam
mostraban la eficacia de una reestructuración económica
que simultáneamente guardaba el control político. Las
reformas puestas en marcha fueron insuficientes para las
necesidades del país, aunque estabilizaron la economía y
el poder logró reconstituirse. Se celebraron dos
congresos del Partido Comunista: el de 1991 intentó
soplar ligeros aires de apertura, y el de 1997 cerró
filas. A fines de 2002 debió haberse celebrado otro
congreso, pero no fue así y aún sigue sin fijarse su
fecha.
El aparato
partidista, pensando en la celebración del congreso el
año pasado, estableció comisiones para estudiar (de
nuevo) la legalización de las pequeñas y medianas
empresas nacionales, la agilización de las inversiones
extranjeras y otras medidas económicas, así como una
reforma institucional que fortaleciera el sistema
judicial. Si bien las medidas son escasas para una Cuba
democrática, estos esfuerzos suponen un programa de
gobierno que apunta a cierta normalidad para el país y
sus relaciones internacionales. Un amago de normalidad
sería la mejor garantía -si es que existe alguna en
política- para la sucesión ineludible del Comandante en
Jefe. Pero éste se ha emperrado en impedirla y lo ha
conseguido.
A Castro
le es más fácil gobernar desde las crisis y el
enfrentamiento que desde la normalidad. Así lo ha
demostrado durante 45 años y así lo hará hasta su
muerte. "Ni un minuto menos", dijo hace poco
refiriéndose a su plazo en el poder y a la comprensión
ganada sobre su destino, que "no era venir al mundo para
descansar al final de la vida". En su horizonte nunca
estuvo negociar con la oposición, ni darle aire a los
que desde la propia elite tienen posturas opuestas a las
suyas. Congeladas las reformas desde 1995, Castro desató
la llamada Gran Batalla de Ideas en 2000, que implicó
frecuentes movilizaciones de "apoyo popular", un zumbido
propagandístico casi constante y un atrincheramiento
nacionalista. Esa es su plataforma de gobierno, si bien
es dudoso que la mayoría de la elite -aunque asiente en
público- comparta su entusiasmo.
El
contexto interno fue determinante para los sucesos de
los últimos meses. ¿Cómo convocar el Congreso del
Partido si era imposible afrontar la reestructuración
económica? La guerra de Irak fue propicia al acaparar la
atención internacional, pero, aun sin ella, se acercaba
al momento de las definiciones. Así ha sido la política
en Cuba desde 1959. Durante los años sesenta, primó un
patrón movilizador que desarticuló la economía y
malgastó la confianza ciudadana en la revolución. Le
sucedió la llamada institucionalización, que intentó
aplicar normas económicas y políticas otrora vigentes en
el campo socialista, que mejoró el consumo cotidiano y
relajó las presiones políticas. A mediados de los años
ochenta se abortaron los impulsos de esta incipiente
normalidad y hubo un retorno parcial al modelo
movilizador. Desde 1990, la supervivencia ha sido
primordial y se han adoptado algunas reformas sin que el
ciclo normalizador echara raíces, pese a que buena parte
de la dirigencia así lo deseara. Para Castro, el
socialismo de mercado -en la variante húngara antes de
1989 o la seguida actualmente por China y Vietnam- es
casi tan deleznable como el capitalismo.
Se habla
del inmovilismo de la Cuba oficial. No era así a
principios de los años noventa, cuando se discutieron
-en su mayor parte a puerta cerrada- numerosas
propuestas para afrontar la nueva realidad. Esas
discusiones promovieron reformas a medias que frenaron
el colapso económico y, por consiguiente, la voluntad de
proseguir con los verdaderos cambios. Después del
congreso de 1997, la dirigencia daba tumbos para que
todo siguiera igual -gatopardismo tropical- hasta que el
caso de Elián González le proporcionó a Castro el ropaje
ideológico del inmovilismo. Las movilizaciones
impulsaron la Gran Batalla de Ideas, que ha sitiado a la
política cubana con una retórica cada vez más
desentendida de la vida cotidiana. Al mismo tiempo, las
medias reformas se fueron agotando, la economía volvió a
estancarse y personas sensatas de la elite retomaron la
idea de profundizarlas. Se trata de políticos que saben
que la demanda popular más sentida y urgente es la
economía. A fines de 2001, el Congreso del Partido
comenzó a planearse pensando en una nueva ronda de
reformas.
Castro era
la piedra en ese camino, y no se quitó para que el
Partido realizara su congreso. Los preparativos de la
visita de Carter, la propia visita y sus secuelas
monopolizaron las energías de la dirigencia. La mención
que hizo Carter del Proyecto Varela los cogió
desprevenidos y los forzó a dar una respuesta impensable
sólo por la presentación de firmas a la Asamblea
Nacional del Poder Popular unos días antes. En junio, el
espectáculo del referéndum oficial y la enmienda a la
Constitución sellaron supuestamente la irrevocabilidad
del socialismo. Además de ser una respuesta tácita a los
varelistas, las movilizaciones asentaron el estilo
frenético que mejor cuadra al liderazgo del Comandante.
En agosto, la dirigencia proyectó a la militancia un
extraño vídeo explicando la expulsión del Partido del
defenestrado Roberto Robaina y que aludía al igualmente
destituido Carlos Aldana. Los preparativos para el
congreso se atascaron. Éstos podrían avanzar ahora
porque los sucesos de 2002 y lo que va de 2003 han
restringido las posibilidades de la elite moderada. Las
condenas y los fusilamientos son un viraje en la
política cubana que no se sabe a dónde van a conducir.
Sobre los hombros de la dirigencia -incluyendo el sector
moderado- cae la responsabilidad de estos hechos. La
situación interna y las relaciones internacionales de
Cuba son hoy más tensas que nunca. Para aliviarlas, no
queda otro remedio que volver a las reformas, pero el
escenario no lo permite.
Castro
siempre ha resistido la racionalidad económica (también
la política), y sólo ha cedido -en los años setenta y a
principios de los noventa- cuando no quedaba otro
remedio. En ambas ocasiones, tiró de las riendas antes
de que las reformas se afincaran. Con casi 77 años,
Castro debería descansar y dejar vivir a los cubanos. Ha
declarado que no lo hará y, a no ser que la elite se le
enfrente, el panorama es sombrío. ¿Podría el Ejército
convencer al Comandante -como a principios de los
noventa- de volver a las reformas? Es posible, pero
ahora sabemos que los términos medios no bastan, y dar
marcha atrás es hacerlas de verdad. En febrero, Castro
viajó a China y regresó "asombrado". Unos días después
fueron destituidos casi todos los miembros del equipo
económico que estaban entre los principales defensores
de una reestructuración. De persistir el camino actual,
el régimen podría afrontar una revuelta popular que
forzaría la orden de disparar contra el pueblo. ¿Se
mantendrá la elite cohesionada hasta que Castro pase a
mejor vida?.
Conclusiones
En lo
relativo a la relación entre EE UU y Cuba hay que
señalar que la actuación de la Sección de Intereses en
La Habana fue provocadora, pero de ninguna manera la
causante de las condenas y fusilamientos. Es lo que
Castro pretende que el mundo crea, y así lo dijo en su
comparecencia televisiva del 25 de abril cuando los
achacó a "una conspiración urdida por el Gobierno" de EE
UU y "la mafia terrorista de Miami", a la par que
proclamó que "a las autoridades cubanas no se les puede
atribuir responsabilidad alguna". Para combatir las
condenas prácticamente universales, el régimen habla de
los planes subversivos contra Cuba que supuestamente
trama la Administración Bush. Algunos "amigos de Cuba",
que firmaron cartas o hicieron declaraciones contra la
ola represiva, han denunciado el "peligro" que corre la
Isla ante EE UU.
No es
fácil lograr que razonen los creyentes extranjeros que
ven a Washington apuntando a Cuba ahora que Irak cayó.
El unilateralismo de la Administración y la retórica de
sus ideólogos no conducen a la mesura. La
incontrovertible y obsesiva historia de cuanto hicieron
las diferentes administraciones estadounidenses por
revertir la revolución, predispone a muchos a creer
cualquier cosa de Washington en relación con La Habana.
De nada sirve que Rumsfeld y Powell hayan dicho on the
record que no hay tales planes de agresión. Si bien no
se puede afirmar tajantemente que EE UU nunca
intervendría en Cuba, hay que vivir en otro planeta para
creer que en estos momentos se trata de una posibilidad
real. La lista de desafíos del pos-Irak es larga y Cuba
no figura en ella con prioridad alguna.
Lo que
está en duda no es una guerra contra Cuba, sino la
cancelación de las remesas y los vuelos directos. Sería
fútil hacerlo, pues cuando lo hizo Clinton después del
derribo de las avionetas en 1996, los cubanos de EE UU
viajaban y enviaban remesas por terceros países sin que
el peso de la ley cayera sobre ellos. No obstante, se
espera que el 20 de mayo (cuando se conmemora la
fundación de la república), la Administración Bush
anuncie algunos cambios para sancionar a Cuba por las
condenas y los fusilamientos. Lo inteligente sería no
hacer nada y dejar que sean otros países los que se
encarguen -cosa que ya ocurre- de lidiar con Cuba.
Algunos en Washington, fuera del Gobierno, han sugerido
que lo realmente ingenioso sería concertar una política
con la Unión Europea y América Latina para que EE UU
levante el embargo y ellos apliquen presiones agresivas
en favor de la transición. La audacia radicaría en
forjar una política que efectivamente demuestre un
compromiso militante y casi intransigente del mundo
occidental con la democratización de Cuba. Si a medio
plazo tal política se lograra, daría el tiro de gracia
al mito revolucionario y desnudaría en plena luz del día
la dictadura que azota a Cuba.
Ante
cualquiera de las alternativas posibles -no hacer nada,
recrudecer algunas medidas o concertar una política
osada con la UE y América Latina- EE UU debe mantener la
calma. La situación interna en Cuba es tal que Castro
bien pudiera provocar un enfrentamiento por medio de una
crisis migratoria o de algún otro suceso difícil de
prevenir. Nunca se debe perder de vista que un final
tremebundo no es ajeno a su psicología ni a la manera en
que ha ejercido el poder durante 45 años, en particular
si se viera realmente arrinconado. |