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Publicaciones - Artículos/Ensayos |
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Una obligación ética Dr.
Juan Antonio Blanco Gil -I- Dada mi trayectoria política, trato siempre de evitar incurrir en las actitudes que Isaac Deutscher tipificaba como expresiones de la (mala) conciencia del ex comunista, aunque no me reconozca en esa o cualquier etiqueta. Quienes lanzan por la borda los ideales de justicia social que antes predicaron, en rencorosa venganza por los medios inaceptables con que a menudo se pretendió alcanzarla, no tienen mi simpatía. Pero ese no es el caso del Proyecto Varela que, mediante la presentación de más de las 10,000 firmas que las leyes cubanas reclaman para considerar una propuesta legislativa, ha solicitado la celebración de un referendo para cambiar las leyes que obstruyen derechos ciudadanos avalados en la Constitución vigente. El Proyecto se ampara en el artículo 88 de la Constitución socialista, el cual, en su inciso G, establece que un grupo de más de 10.000 ciudadanos, empadronados en el último censo electoral, puede proponer a la Asamblea Nacional del Poder Popular una iniciativa de ley. En los últimos dos años, el Ingeniero Oswaldo Payá y sus colaboradores del Movimiento Cristiano de Liberación, lograron reunir más de 11.000 firmas y, a principios de mayo, antes de la visita del ex presidente James Carter a la Habana, presentaron el Proyecto al poder legislativo de la Isla. Carter se referiría al Proyecto en su discurso en el Aula Magna de la Universidad de La Habana (que estaba siendo trasmitido en vivo a todo el país) y de esa manera torcida millones de cubanos a los que estos disidentes no habían podido hacer llegar aun su mensaje se enteraron, al menos, de su existencia. El Proyecto Varela propone, en esencia, un referéndum nacional en el que se consulte a la población si está o no de acuerdo con las siguientes demandas: 1) amnistía general para presos políticos de conciencia; 2) apertura de la pequeña y mediana empresa privada nacional; 3) una reforma legislativa que garantice las libertades de expresión y asociación; 4) revisión y cambio de la ley electoral orientándola al pluralismo político; 5) elecciones libres en un plazo de nueve meses. Lo que realmente nadie pudo imaginar es que la respuesta oficial sería auto-dinamitar la constitucionalidad del régimen antes que enredarse en el debate legal y político que abría el Proyecto Varela. Desde la cúspide del poder se urgió a la dirección de las organizaciones de masas del país que reclamasen de la Asamblea Nacional la aprobación de una enmienda constitucional que hace "inamovibles" -hasta la eternidad- todos sus acápites, en particular aquellos referidos a la naturaleza y rasgos del régimen político, económico y social imperante en la actualidad. Los Comités de Defensa de la Revolución movilizaron - y controlaron- casa a casa el apoyo ciudadano a esta "iniciativa de la sociedad civil" apoyada luego, unánimemente, por la Asamblea Nacional. Los supuestos marxistas que controlan la cima del poder cubano decretaron de esa manera "el fin de la historia nacional"; algo que se da de narices con los principios del materialismo histórico y dialéctico que pretenden profesar. El status quo quedó así congelado por decreto oficial. No es "más
de lo mismo" como muchos, honradamente, pueden creer. Lo
sucedido es muy grave. -II- El Proyecto Varela reviste mayor importancia que la que hoy apenas asoma a la superficie, por lo siguiente: 1. El citado Proyecto no está dirigido a cambiar la actual Constitución cubana sino algunas leyes - ciertamente no todas las que deberían transformarse- así como reglamentos y "orientaciones" vigentes que niegan sus preceptos. En otras palabras: si la Constitución de 1976 y sus enmiendas de 1992 contemplan la libertad de asociación, - por poner un ejemplo-, esta libertad queda luego legislada, reglamentada y "orientada" de forma tal, (en la Ley 54, el reglamento de la Ley 54 y las disposiciones administrativas, escritas y verbales, de los organismos del Estado), que su letra y espíritu son negadas en la práctica cotidiana. Una llamada telefónica desde el Consejo de Estado bastó en el segundo semestre de 1995 para "congelar indefinidamente" el registro legal de nuevas asociaciones civiles, demostrando que la "orientación verbal" de una jerarquía superior valía más que cualquier precepto constitucional y la ley encargada de regular su ejercicio. El Artículo 54 de la actual Constitución quedó así suspendido hasta próximo aviso por obra y gracia de un leve susurro desde la puerta del fondo del poder. Lo mismo podría decirse de la situación para ejercer el derecho a ejercitar la libertad de expresión negado por las leyes sobre "propaganda enemiga" y el Artículo 8 de la Ley 88 de 1999. La posibilidad de poseer medios de producción privados está contemplada ya en las enmiendas que se hicieran en 1992 a la Constitución de 1976, pero es sabido que la práctica cotidiana va encaminada a la asfixia deliberada del trabajador por cuenta propia y la imposibilidad de cualquier nacional residente en la Isla (salvo contadas excepciones) de invertir en empresas de mayor escala. La posibilidad de amnistiar unos 250 presos políticos (o "contrarrevolucionarios" según el discurso oficial) no es una idea disparatada ya que cuenta con un masivo antecedente de varios miles de personas, muchas de las cuales sí habían ejercido la violencia contra el orden estatal, que fueron liberadas cuando ya regía la Constitución de 1976. El punto que presenta mayor complicación es el de las elecciones que se solicitan. Sin embargo, podría suponerse que existiendo garantía plena para el ejercicio de los derechos de expresión, asociación y reunión se haría posible el pluralismo. Así podrían surgir candidatos con diferentes propuestas y programas en las boletas electorales que ninguna Constitución o Ley electoral -hasta el presente- obliga a que continúen siendo de "candidatura única". La propuesta no prejuzga la participación o no de partidos políticos en el proceso electoral ni aboga porque se introduzca la nefasta influencia del dinero en el proceso electivo que ha desnaturalizado a más de un sistema político. En dos palabras: si bien el pluripartidismo todavía seguiría sin tener posibilidades legales en Cuba sin haberse primero suprimido el Artículo V de la Constitución, un verdadero pluralismo de ideas y opciones -sin tráfico financiero de influencias políticas- podría hacerse presente en las actuales elecciones del Poder Popular. La propuesta y elección de candidatos sería a partir de entonces sobre la base del mérito de las ideas y propuestas, además de las virtudes personales, de los aspirantes a cargos públicos, en lugar de medir los méritos sobre la base del historial de lealtades que hayan demostrado los propuestos hacia la ideología oficial y sus líderes a lo largo de su vida. Pero, si bien este es posiblemente el punto más difícil de aceptar para el liderazgo cubano, a lo sumo se trata de las complejidades a dilucidar y resolver que presenta apenas uno solo de los cinco aspectos de una propuesta que busca, ante todo, consenso político en torno al problema de fondo: el reconocimiento de la existencia de un conflicto entre ciertos valores refrendados por la Constitución y el conjunto de la legislación vigente que obstruye el libre ejercicio de la autodeterminación y soberanía popular. 2- Sin embargo, es pertinente precisar que la disparidad y el conflicto entre ciertos preceptos constitucionales y la legislación, reglamentos y "disposiciones administrativas" vigentes que regulan su ejercicio, no fueron descubiertos por el Movimiento de Liberación Cristiano de Oswaldo Payá ahora, -aunque es muy posible que él mismo no lo sepa- sino por la propia Asamblea Nacional de Cuba hace siete años. A inicios de 1995, una comisión de expertos de la Asamblea dio cuenta del hábito burocrático de desconocer o violentar los preceptos constitucionales desde las leyes, reglamentos y "orientaciones administrativas". Por aquellos días se le llamó incluso la atención al entonces (y actual) ministro de Educación Superior sobre sus llamamientos inconstitucionales a hacer de las carreras universitarias un privilegio exclusivo de los que muestren una clara militancia política de apoyo al gobierno ("las universidades son para los revolucionarios"). Corrían los últimos meses de la breve y precaria apertura reformista de la primera mitad de la década de los noventa del pasado siglo. En febrero de 1996 fueron derribadas avionetas de la organización de exiliados Hermanos al Rescate, cuya ruta y misión no violenta habían sido de antemano -hoy es sabido- informadas a La Habana por uno de sus agentes a quien se ordenó retornar a Cuba en la víspera del incidente. La emboscada militar a las avionetas resultó ser, simultáneamente, una deliberada emboscada política contra las fuerzas del reformismo sistémico y un posible proceso de distensión con el Presidente Clinton quien, hasta ese momento, había detenido con la amenaza de su veto la aprobación de la Ley Helms- Burton por el Congreso. Del
problema señalado por la Asamblea Nacional no se volvió
a hablar como tampoco volvió a reunirse la Comisión
Ad-Hoc sobre Derechos Humanos de la propia Asamblea
-otra digna iniciativa de aquellos tiempos- que
pretendía identificar y abordar la solución de los
problemas reales de violaciones de derechos ciudadanos
(o sea, aquellos que, ya se reconocía, no eran ficciones
de la propaganda del adversario). A esta última se le
permitió constituirse para reunirse apenas una sola vez,
sus actas fueron engavetadas y pasó al olvido su fugaz
existencia. "Hay otros temas de mayor prioridad" fue la
lacónica explicación dada a quienes impulsamos esta
idea. Los reformistas sistémicos creíamos que "otro socialismo mejor era posible". Pero ni tan siquiera la libre discusión en torno a diferentes modelos socialistas de desarrollo demostró ser viable, aunque formalmente estuviese amparada por derechos constitucionales. Lo único aceptable para las máximas autoridades de la Isla era y es el apoyo incondicional a sus criterios y decisiones. A su juicio, ellas y sólo ellas deben decidir cuáles asuntos pueden debatirse, dónde puede tener lugar tal discusión, quienes pueden participar en ella y cuándo pueden tolerar hacerlo. Esa fórmula les permite ejercer un férreo control interno sobre los discursos e iniciativas aperturistas - desde 1996 cercados dentro de limitados circuitos culturales- cuya siempre precaria existencia es entonces explotada, contando o no con la voluntad de sus promotores, para la "exportación" de imágenes positivas dirigidas a influir políticamente en el exterior. De ese modo, con independencia de la honestidad y buenos deseos de ciertos intelectuales y de algunas relevantes autoridades culturales, sus positivos -incluso valientes- esfuerzos terminan manipulados e integrados a la lógica y predominio de otras instituciones, en lo que Marcuse habría llamado estrategia de tolerancia represiva del sistema. Ante el
repliegue de buena parte de las fuerzas reformistas
sistémicas en años recientes, no debiera ser
sorprendente que aquellos que han promovido sus propias
propuestas desde la ilegalidad pasaran a primer plano.
El Proyecto Varela retoma algunas de las críticas y
sugerencias que otros, desde la legalidad, pretendimos
infructuosamente hacer antes del modo más comprometido y
constructivo posible. Si bien es cierto que las fuerzas
promotoras del Proyecto Varela son antisistémicas, no lo
es menos que aquí han enarbolado propuestas provenientes
del reformismo sistémico de la pasada década de los
noventa. Con ello ponían a prueba la voluntad del
liderazgo cubano para respetar su propia Constitución y
obligarlo, por vía legal, a abrir un debate político
nacional sobre la necesidad de cambios. 3- Los seguidores del Proyecto Varela, sin embargo, no pretenden con su iniciativa -como hizo Fidel Castro al presentar pleito legal a Batista después de su golpe de Estado- promover la vía de la violencia revolucionaria como respuesta a la innegable sed de cambios que hoy padece la nación. Sólo aspiran a dejar clara su voluntad política de dialogar públicamente la necesidad de cambios en el marco mínimo de derechos que otorga la Constitución vigente y así facilitar la libre expresión del civismo ciudadano en torno a ese asunto. A lo que aspiran es a -sin llamar a ejercer la violencia contra el status quo- hacer visible la inconformidad popular con el estado de cosas imperante para obligar a las autoridades a tomarla realmente en cuenta. Los que desalientan su gestión argumentando su inviabilidad frente a la insensibilidad del poder, no parecen proponer ninguna senda alternativa que no sea la de la resignada aceptación del actual inmovilismo. Tampoco tienen en cuenta el valor acumulativo de la lucha cívica y pacífica. A fin de cuentas los promotores del Proyecto Varela no tienen mejores ni peores posibilidades que las que estaban a disposición de Martín Luther King Jr. cuando dio inicio al movimiento de derechos civiles. Al margen de distancias y especificidades, en uno y otro caso, los insumisos consideraban que las leyes vigentes (segregacionistas allá o totalitarias acá) negaban derechos constitucionales básicos que era necesario defender. Si el 5 de agosto de 1994 unas tres mil personas se lanzaron al malecón habanero en una masa contestataria - pero sin identidad- que se disolvió en breve, las 11,020 personas que ahora decidieron dar su nombre y apellidos, dirección y número de identidad junto a su firma daban un paso consciente e irreversible hacia su autonomía moral. Requirieron para ello un coraje similar a aquel del que hizo acopio Rosa Parks cuando decidió no ceder su asiento en el autobús a un blanco por el simple color de su piel. Estas personas se saben marcadas definitivamente aún si, llegado el caso, ahora decidiesen ceder, retractándose de lo hecho bajo la presión estatal. Pero la escuela de civismo y coraje que para miles de personas ha representado el Proyecto no puede ya ser revertida con esas tácticas. 4- El significado último del Proyecto Varela yace por ello en otra parte; más allá de sus posibilidades frente a un poder intolerante. Al poner sobre la mesa, al margen de la solicitud de un referéndum, una propuesta tan sucinta, clara y de amplio consenso, los promotores del Proyecto Varela han tendido puentes entre los residentes en la Isla y los miembros de la diáspora, así como entre personas de diferentes percepciones y afiliaciones ideológicas. El tema de si se llegaba a autorizar un referéndum o no, o si el gobierno cubano podía aplastar, rechazar o cooptar tal reclamo devino secundario ante el hecho de que los cinco puntos que se pretenden promover son tan claros y populares que 11,020 cubanos decidieron arriesgarse y suscribirlos. Se ha tocado la fibra de un posible consenso nacional. Si tenemos en cuenta que los partidarios de cambios en regímenes de esta naturaleza tienden a ocultar masivamente su pensamiento (los "partidos del Taxi" les decían en la España franquista porque todos los afiliados formalmente a partidos de oposición podían reunirse dentro de un auto) entonces estamos ante algo nuevo. Los 11,020 ciudadanos ya no pueden ser clasificados como "grupúsculos", por lo que han sido rebautizados como "ínfima representación del electorado" por las autoridades. Las 11,020 personas que han apostado a un movimiento cívico con el Proyecto Varela representan hoy la punta del iceberg del descontento popular respecto al status quo vigente. Las recientes manifestaciones callejeras convocadas por el gobierno carecen de la credibilidad de esas 11,020 firmas ciudadanas: mientras que los que suscriben el Proyecto Varela corren riesgos por su acción los que se sumaron a las demostraciones callejeras corrían riesgos de no hacerlo. Decenas de "mesas redondas" (previamente "cuadradas") y de "tribunas abiertas" (con listas cerradas de oradores) no alteran ese dato. Las supuestas "batallas de ideas" no son posibles en regímenes de pensamiento único. Pese a los millones de ciudadanos obligados a exhibir su "lealtad" en una cotidianidad totalmente estatizada, no dudo que cientos de miles de personas creyesen sinceramente que eran las palabras de Bush a las que se pretendía dar respuesta sin meditar suficientemente en las consecuencias de tener que -supuestamente para ello- apoyar la inamovilidad jurídica del sistema. No dudo tampoco que algunos todavía se hayan impresionado con la recogida multitudinaria de firmas y los desfiles masivos. Ojalá pudiesen todos repasar el informe rendido al Buró Político por Jorge Risquet respecto al último congreso en el poder del Partido Comunista de Rumanía. En ese documento Risquet se extendía en detalles sobre la supuesta solidez del socialismo bajo el régimen de Nicolae Ceausesku. Basaba su criterio en la eficiencia de los aparatos de seguridad del Estado que tenían profundamente penetrados a todos los grupos de oposición y el fervor que creía ver en los rumanos por su líder y el sistema socialista allí construido. "Todo bajo control" afirmaba entusiasta. Bastaron unas pocas semanas para que el viejo topo de la Historia desmontara esa complaciente lectura de la realidad. Fue precisamente en una de esas tradicionales manifestaciones pro gubernamentales desde donde surgió la rebelión que llevó a los Ceausesku al patíbulo y al texto de Risquet a las más recónditas bóvedas del Comité Central cubano. 5- Lo que pretenden y vienen logrando los promotores del Proyecto es demostrar ante el pueblo cubano y la opinión pública internacional -incluyendo la de izquierdas- que el régimen de socialismo de Estado no ha sido ni es democratizable en primerísimo lugar debido a la falta de voluntad política de unas -muy pocas- personas para quienes sus propias leyes tienen escaso valor y ejercer el poder absoluto es una filosofía de gobierno. Lo que han demostrado ya es que, aún en las adversas circunstancias actuales, es posible perder el miedo a las consecuencias de sostener públicamente opiniones distantes o en conflicto con las oficiales. La gran contribución que han hecho en estos meses es la de demostrar que las expresiones de autonomía moral, como señaló Hannah Arendt, si bien poco frecuentes, siguen siendo posibles dentro de estados de corte totalitario. Once mil veinte ciudadanos se comportaron de manera valiente y cívica al dar su firma a los promotores del Proyecto. Rompieron el doble discurso cotidiano, "salieron del closet" y dijeron lo que pensaban. Nada borra ya lo sucedido y sus futuras implicaciones para la subjetividad de la nación. 6- Frente al Proyecto Varela también se esgrimen otros argumentos. La vieja historia de que toda disensión tiene detrás a la CIA es una mala adaptación de la acusación anticomunista, típica de la Guerra Fría, cuando detrás de cada activista de la justicia social se pretendía ver "el oro de Moscú". Evidentemente la CIA no pagó a los 11,020 suscriptores del Proyecto y cualquier residente en Cuba sabe el posible precio de apoyar semejante iniciativa: perder el empleo, la oportunidad de estudiar en la universidad, saberse cerrados los canales de promoción vertical, verse obstaculizado en el mercado laboral aún bajo extenso monopolio estatal, estar marcado por las autoridades como perenne sospechoso, incluso, ir a parar a un centro de detención e interrogatorios o a la cárcel. Haber logrado que 11,020 ciudadanos perdiesen el miedo en un país donde los verbos más conjugados son los de "resolver" y "escapar" y la filosofía de la supervivencia cotidiana es la de no buscarse problemas ni "marcarse" innecesariamente, es un desafío a las estructuras de poder que no quedará sin respuesta. Sin asegurarse la permanencia del miedo colectivo no es posible obtener la pasividad y el conformismo que proveen buena parte de la estabilidad interna al actual régimen político cubano. Tampoco es admisible el recurrido argumento de que identificarse con la iniciativa del Proyecto Varela equivale a "hacerle el juego al imperialismo". Si bien es cierto que importantes políticos de EEUU y otros gobiernos lo han apoyado, es porque el Proyecto abre la posibilidad de debatir cambios en Cuba; no porque el Proyecto contenga per se una estrategia en favor del restablecimiento de la hegemonía estadounidense en la Isla. El Proyecto Varela pretende simplemente abrir un debate sobre la necesidad de cambios. Hacia dónde irían luego esos cambios de lograrse abrir ahora el debate es asunto que dependerá, ante todo, de las distintas corrientes de pensamiento que integran hoy al pueblo cubano radicado en Isla. Suponer que favorecerían a las tendencias más reaccionarias es una afrenta a la inteligencia y sensibilidad de la población. Si ese fuese lamentablemente el caso, habría que reconocerlo y partir de esa realidad cuya raíz estaría en la progresiva erosión del ideal socialista provocada por ciertas políticas concretas ejercidas en su nombre durante más de cuatro décadas. En ese sentido lo que sí le hace el juego a la reacción es la pretensión de identificar el ideal socialista con el fraude del socialismo de Estado que ahora se declara irrevocable hasta el fin de los tiempos. Los que
simpatizan con las ideas socialistas deberían siempre
saber distinguir las luces de las sombras en el proceso
cubano y reconocer las flagrantes contradicciones que
éste presenta respecto a la ideología con la que intenta
legitimarse. Sobre todo ahora que de la lógica de Karl
Marx se ha pasado a la de Francis Fukuyama sin pestañear
siquiera. 7- Con independencia de las diferencias ideológicas que puedan separarnos de los iniciadores del Proyecto Varela, de las divergencias que tengamos con una u otra persona o institución que decida apoyarla desde Cuba u otro país, o de los contenidos (técnicos o sustantivos) de esa iniciativa, lo cierto es que han venido realizando una contribución valiente, novedosa e invaluable a la democratización de nuestra sociedad y a la reconciliación pacífica de sus ciudadanos que merece el respeto y reconocimiento de toda persona progresista. Los cambios que promueve el Proyecto no predeterminan la naturaleza de derechas o izquierdas del futuro gobierno, el carácter democrático participativo o meramente representativo del futuro régimen político, la organización neoliberal o social democrática de la futura economía. Lo que sí demanda el Proyecto es que se creen en el presente las condiciones legales mínimas para que la soberanía popular -que es la verdadera esencia de la soberanía nacional- pueda, apenas, comenzar a expresarse más libremente. Es por ello que puede recibir el apoyo de las más variadas fuerzas del espectro político ideológico, - comprometidas con diferentes y contradictorios proyectos de transición y cambio para la sociedad cubana-, que van desde el ala neoliberal hasta las diferentes corrientes del socialismo democrático. 8- Adicionalmente, el Proyecto Varela tiene el valor agregado de hacer esta demanda a través de los resquicios de una legalidad controlada esencialmente hasta ahora por un muy reducido grupo de personas que, después de más de cuatro décadas en el ejercicio del poder, han llegado a creerse ser ellas mismas el Estado y la nación. Ahora promotores y suscriptores enfrentarán lo peor por su valor y civismo. Si tan solo fuese por eso, merecen todo el apoyo de quien crea que "otro mundo mejor es posible" también para Cuba. Como mínimo, se han hecho acreedores, frente a las nuevas amenazas que penden sobre ellos, de nuestra exigencia a favor de que se les respete su libertad y dignidad. Ante todo, los que desde cualquier rincón del mundo -cubanos o no- creemos en una nueva ética política con la que enfrentar los problemas de este nuevo milenio, tenemos el deber moral de hacerles saber que, sean cuales sean las diferencias, no están solos en esta hora crítica.
Durante su visita a Cuba el Presidente Jimmy Carter, siempre en respetuosa actitud según las propias autoridades de la Isla, sugirió que el Gobierno diese debida consideración al Proyecto Varela y publicase su texto para que todos los ciudadanos se formaran su propia opinión sobre sus méritos y defectos. El Presidente cubano guardó silencio varias semanas hasta que encontró, en un discurso pronunciado por el Presidente George W. Bush el pretexto buscado para rechazar - indirectamente, sin mencionarlos siquiera- al Proyecto Varela y las sugerencias de Carter. El insólito rumbo finalmente decidido frente al Proyecto Varela - dinamitar todo vestigio de credibilidad en la Constitución vigente y decretar "el fin de la historia" en la Isla- no es "irracional", como pueden suponer algunos que confunden su solidaridad con la ya centenaria lucha por la libertad, soberanía y justicia social del pueblo cubano, con la simpatía por su gobierno. Simplemente responde a otra racionalidad: la del poder absoluto. Desde esa racionalidad su reacción es lógica. En nombre de una supuesta respuesta al Presidente Bush, Fidel Castro amarró, finalmente, a su Nomenklatura a la proa del Titanic del socialismo de Estado cubano. De ese modo los hizo rehenes del status quo antes de realizarse el VI Congreso del PCC. Esta vez la Constitución de 1976 no fue simplemente modificada, sino momificada en una operación contraria a toda doctrina jurídica. ¿Fue sincero el apoyo de todos esos diputados y funcionarios a esta iniciativa? Clarificar que los caminos legales del cambio se clausuran para siempre no parece ser una fórmula que pueda realmente reflejar la conciencia íntima de todos los que, desde la Asamblea Nacional hasta el último rincón del país, se sintieron inescapablemente presionados a comprometerse con ella. Lo irónico del caso es que después de todo esto no han logrado darle respuesta al Proyecto Varela que no reclamaba una enmienda de la Constitución, sino de ciertas leyes vigentes que impiden ejercer derechos constitucionales. Todavía están obligados - por la propia Constitución que acaban de hacer inamovible- a darle curso a esa propuesta ciudadana. Mientras que la Constitución socialista de 1976 ha sido desacreditada por una enmienda contraria a toda doctrina legal, el Proyecto Varela, con todas sus insuficiencias técnicas, ha sentado un hito en la lucha cívica y pacífica por la democratización de la sociedad cubana y el libre ejercicio de la soberanía popular. No obstante, dada la nueva "inamovilidad" del régimen constitucional, el Proyecto Varela tendrá también que considerar la posibilidad de ir más allá de sus planteamientos originales para propiciar en lo adelante el diálogo en torno a una nueva Constituyente que dé fundamento a la IV República y contribuya de ese modo a su advenimiento. La amenaza
del Presidente cubano de echar por tierra los escasos,
pero cruciales, acuerdos con EEUU, reflejaba demasiada
ira y constituía una desproporcionada respuesta a un
discurso de Bush en que nada era realmente nuevo y los
adjetivos peyorativos estaban claramente dirigidos a
granjearse el voto cubano- americano para la reelección
de su hermano Jeb como gobernador de Florida. Cualquiera
que sea la opinión que pudiera tenerse sobre el hecho,
la patética pretensión de ver en la distribución
gratuita, por los diplomáticos de EEUU en Cuba, de
radios con onda corta -como aquellos que podrían
adquirirse en cualquier Radio Shack- una agresión tan
intolerable a la soberanía nacional que pudiera
llegar a provocar el cierre unilateral de toda relación
con Washington mueve a risa. No pude sino recordar una
anécdota -publicada en Cuba, por cierto- de cuando el
entonces Ministro de Industrias, Ernesto Ché Guevara,
visitó una fábrica de ensamblaje de radios y su
administrador le informó orgulloso que se había
discapacitado su recepción en onda corta para impedir
que se oyese la Radio Swan, predecesora de la actual
Radio Martí. La respuesta del guerrillero argentino fue
tajante cuando le espetó indignado al administrador que
el día en que la existencia de la Revolución dependiese
de que el pueblo no pudiese escuchar las estaciones de
radio de sus adversarios sería mejor que los dirigentes
empacasen las maletas y se marcharan del país. -IV- La transición cubana parece adentrarse, por el egoísmo de unos pocos, en un camino de incertidumbre creciente. Los que sólo prestan atención a la calma aparente de la superficie social, deben tener presente que en el subsuelo de la sociedad cubana se vienen acumulando múltiples tensiones que pueden dar lugar a inesperados movimientos telúricos. Nadie esperaba la explosión social del 5 de agosto de 1994 en pleno centro de la capital cuando, sin embargo, no hubiese sido demasiado difícil pronosticarla de haber existido la necesaria libertad para debatir la realidad nacional. El deterioro de la economía y su impacto sobre la cotidianidad, el agotamiento de la ciudadanía bajo un régimen que le exige la movilización permanente, no parece que podrán encontrar ya su alivio con nuevos anclajes en esquemas de cooperación y pactos de integración que más de una vez estuvieron al alcance de la mano. Una economía que declina, un deterioro social visible, una burocracia que parece ser eficiente sólo para encontrar un problema a cada solución, cerrados los caminos del cambio pacífico y gradual a través de la legislación vigente, con una potencialmente explosiva relación bilateral con la nueva Administración en EEUU y un clima internacional enrarecido y cada vez más arbitrario como resultado de las acciones del once de septiembre del pasado año, hay razones suficientes para que se generen preocupaciones sobre lo que se avecina. La declaración de inamovibilidad de la Constitución y del régimen de socialismo de Estado no es una señal de fuerza, sino de debilidad del sistema. El programa de la contrarreforma adoptado en 1996 por el V Pleno del CC ha demostrado ser un fracaso y entrado en una fase crítica. Ante la dirigencia cubana se viene replanteando el dilema de inicios de los años noventa: ¿reprimir o reformar? Pero Fidel Castro se les anticipó antes de que optaran por lo segundo en el VI Congreso del PCC. El proceso de reatrincheramiento en las instituciones y el régimen de socialismo de Estado iniciado en 1996 ha llegado al cenit. Lo ocurrido ahora es muy grave. Pero el viejo topo de la Historia también actúa en esta Isla y puede emerger por el lugar más inesperado. La comunidad internacional debería tomar nota de que lo que acaba de suceder en Cuba no es "más de lo mismo" y explorar posibles acciones diplomáticas que ayuden al pueblo cubano a salir -pacíficamente- del laberinto que le han impuesto sin informarle de sus opciones. Por otra parte, los que desde cualquier latitud geográfica o ideológica simpatizan con la idea de la defensa de la soberanía nacional -que presupone el acatamiento de la libre expresión de la voluntad popular por el gobierno que pretende asumir su representación - deberían movilizarse, antes de que sea demasiado tarde, para impedir que en Cuba sean aplastadas aquellas iniciativas orientadas a hacerla prevalecer de manera constructiva y pacífica. También los que alguna vez nos limitamos a promover una democratización parcial del sistema político, deberíamos tomar definitiva nota de lo sucedido. La lección aquí es que habrá plena democracia para todos o nunca llegará a haberla para nadie. Defender la soberanía nacional cubana es hoy - ante todo- defender el derecho de todo el pueblo a opinar, optar y decidir su futuro en un marco de plenas libertades y derechos políticos y civiles. Y esa soberanía nacional es necesario defenderla no solamente frente al ingerencismo de cualquier potencia extranjera frente al Estado cubano, sino también frente al régimen político que internamente pretende hoy usurpar la soberanía popular eternizándose en su pretendida representación. Para Rosa Luxemburgo la democracia en el socialismo tenía que incluir el derecho a ejercer la oposición. Podríamos agregar que en el siglo XXI la democracia reclama no sólo la existencia de un Estado de Derecho, la libre expresión del pluralismo ideológico y elecciones para la alternancia administrativa del poder público, sino de una participación y socialización del poder mucho más amplia que la conocida hasta ahora en cualquier parte. Exige la unión - indivisible e interdependiente- del pleno ejercicio de los derechos políticos y civiles con los económicos, sociales y culturales. Es por ello que oponerse a la eternización del socialismo de Estado y favorecer la completa democratización de la sociedad cubana es una posición progresista y una necesidad impostergable. Aún más: es una obligación ética. Dr.
Juan Antonio Blanco Gil |