CUBA: ALGUNOS DE LOS POR QUÉ

Por Manuel Alberto Ramy
mar@enet.cu

En el Principio fue el Paraíso y allí existía un ordenamiento de la convivencia, una suerte de Constitución que prohibía tomar frutas de un árbol. Pero Eva tomó una y la compartió con Adán. Violaron las reglas establecidas. En ese instante, y siguiendo la metáfora bíblica, estrenamos la soberanía. No existe lo intocable. Tampoco códigos inconmovibles. Somos los hombres, las necesidades y las circunstancias quienes quitamos y ponemos las reglas del juego. También quienes las reforzamos.

En el interior de Cuba la campaña que movilizó a millones de personas tuvo como eje lo "intocable" de ciertos preceptos constitucionales. La prensa internacional magnificó el calificativo como una condena a la inamovilidad de la nación. Informo a los lectores que la constitución cubana de 1940 declaraba ilícita y por lo tanto punible toda manifestación política que atentara contra la democracia representativa. También, recientemente, en Lima, Perú, la Organización de Estados Americanos (OEA), declaró a la fórmula democrático-representativa al uso como la única válida e inconmovible. No solo blindó la esencia de ese sistema, sino que momificó la forma en que se expresa. En este caso, ¿alguien habló de blindaje y de momificación? Todo lo contrario: fue valorada como una defensa legítima del sistema continental ante la amenaza de sedición por parte de los propios soberanos, los ciudadanos que reclaman sus derechos más elementales (Argentina, Perú, Bolivia, Ecuador…)

La reciente reforma constitucional aprobada en la isla dejó claro que el sistema socialista, su esencia, es "irrevocable". Esta definición implica que lo no esencial puede modificarse. Pero a su vez abre una interrogante: ¿quién o quiénes definen lo esencial? ¿Es patrimonio exclusivo del Partido Comunista o es del conjunto social? Sin descartar la participación popular en las definiciones, lo cual ha sucedido en momentos claves, todo indica que ese papel definitorio sigue correspondiendo al Partido Comunista, tal como prescribe la Constitución.

Desde el punto de vista jurídico, ahora todo afán por cambiar la esencia del sistema pasa por dos momentos imprescindibles: la votación favorable de los dos tercios del total de los legisladores electos y, después, la aprobación necesaria de la mayoría de los ciudadanos con derecho al voto, convocados a referéndum. Tiene que resultar de las dos, no de una sola.

Jurídicamente esta decisión tiene ángulos cuestionables y hasta rebatibles. Seguramente sus autores lo saben. Por lo tanto, es lógico pensar que se trata del componente legal de una respuesta política. Es, en primer lugar, un NO al modelo que le ofertan desde el exterior a punta de pistola y en la voz de un presidente ajeno, quien intenta usurpar la soberanía de todos los cubanos --algo así como la Enmienda Platt, (1) pero más burdo, a lo "Texan saloon". Por demás se trata del mismo modelo por el cual América Latina vive en una crisis profunda. Basta con mirar el panorama presente y los datos estadísticos.

Pero a su vez las reformas aprobadas dejaron abiertos mecanismos de cambio para soluciones y medidas que, partiendo del socialismo --concepto en profunda revisión teórica y práctica a escala mundial--, sean innovadoramente eficientes. Y el resorte para llevarlos adelante descansa más que nunca en la soberanía popular y en las instituciones establecidas, especialmente en el poder legislativo.

Un amigo me preguntó cuáles serían los espacios abiertos a posibles cambios. Lo primero que se me ocurrió decirle es que la ley fundamental vigente plasmó la realidad de una sociedad homogénea. A partir de la década del 90, la heterogeneidad ha sido un rasgo evidente que precisa ser recogida en términos legales. También las reformas aprobadas no impiden que en un momento determinado aparezcan las PYMES (pequeñas y medianas empresas), organizadas y reguladas de modo que no alteren la esencia del sistema socialista.

La constitución no prohibe la existencia del empresario cubano privado. Su presencia y magnitud está asociada a otros factores, como el clima ambiente y la voluntad política. También a valoraciones de pérdidas y ganancias. Me explico. La renuencia oficial a abrir este espacio responde al criterio de que potencialmente estaría dando espacio político a determinados sectores de la población, lo que conllevaría, además de aumentar las desigualdades, facilitar una punta de lanza a la penetración enemiga. Este razonamiento evalúa el impacto político y social de ciertas aperturas económicas. Preocupación lógica. Sin embargo cabe preguntarnos: ¿la no apertura económica no estaría creando a su vez disgustos susceptibles de ser capitalizados por el enemigo político? La interrogante también es lógica, porque la inflexibilidad económica puede originar irrentabilidad política.

Desde la perspectiva jurídica constitucional, los cambios dentro del socialismo son posibles para renovarlo y enriquecerlo. Pero la probabilidad de los mismos, su extensión y profundidad, depende cada vez más de la relación entre las realidades nacionales e internacionales.

Pienso que los pasos que viene dando el liderazgo cubano son producto de esta tensión entre los principios, la realidad nacional y la internacional. Y esto me lleva a calificar a las reformas constitucionales aprobadas como parte de la estrategia defensiva del país, cuyos líderes perciben una amenaza creciente del exterior(2) en un momento delicado de la economía interna. Y es aquí precisamente donde, según los líderes cubanos, aparece el Proyecto Varela como punto de engarce de ambos componentes de la realidad y como catalizador en lo interno de la sociedad cubana. ¿De dónde proviene esta suspicacia?

Hay quienes piensan que la oposición interna, que cuenta con abogados entre su membresía, sabe que su propuesta estaba condenada desde el principio porque viola la Constitución e incumple requisitos legales.(3) Por lo tanto, argumentan que su verdadero objetivo es político y publicitario y lo relacionan con tres eventos importantes: la visita del ex presidente Carter a Cuba el 12 de mayo (dos días después de que el Proyecto fuera presentado a las autoridades); los discursos agresivos del presidente George W. Bush, el 20 mayo en el que dio su apoyo irrestricto al proyecto en cuestión, y el del 1 de junio en West Point, donde anunció la nueva doctrina militar de EE.UU. basada en acciones preventivas.

Otro argumento de la suspicacia oficial parte de un suceso acaecido meses atrás en la ciudad de Ginebra, Suiza. Allí, la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, aprobó una moción presentada por Uruguay e ideada por la administración Bush. Curiosamente el texto no condenaba al gobierno cubano; es más, reconocía sus logros en materia social y económica y lo invitaba a que hiciera lo mismo en el área de los derechos civiles y políticos. También ordenaba el viaje de un funcionario a la isla en tareas de supervisión. Fue aprobada por dos votos de diferencia, pero con una novedad: por vez primera en muchos años conseguía latinoamericanizar el diferendo EE.UU.-Cuba. A su vez dejaba vivo el tema para el próximo año, lo que abre la posibilidad de que la Isla pueda ser sancionada mediante un documento más agresivo. ¿Cómo? Si La Habana no rinde en el área de los derechos civiles y políticos iguales resultados a los que muestra en lo económico-social. Y añádanle a lo anterior la lógica presunción de que la inspección será denegada por las autoridades cubanas.

No son pocos quienes dentro de la estructura de poder en Cuba resumen que la combinación de agresividad externa (política y principalmente económica de los EE.UU.), está destinada a calentar a la sociedad cubana, a reventarla desde adentro mediante la creación de una situación insostenible que derrumbe hasta los servicios que son orgullo del gobierno y satisfacen a la población. Si la sedición interna no colapsara al gobierno, al menos podría justificar una eventual intervención a la Isla. Esta eventual acción "preventiva" --acorde con la nueva doctrina estratégica adoptada por Bush-- podría estar latinoamericanizada o, al menos, contar con el aval de varios gobiernos de la región. No en balde uno de los puntos reforzados en la Constitución prohibe "negociar acuerdos bajo agresión, amenaza o coerción de una potencia extranjera". Y otro expresa claramente el derecho del ciudadano a "defender por todos los medios" --incluso con el uso de las armas-- la esencia del sistema.

Nicolás Guillén, el poeta nacional cubano, escribió un poema, uno de cuyos versos dice que "al veneno y al puñal, cierra la muralla". El gobierno de La Habana está convirtiendo la imagen poética en acto. Al reforzar la Constitución deja en claro también que toda evolución puede partir, pero desde el propio sistema, de sus instituciones y para innovar y robustecerlo. Y las reformas no esenciales, como algunas posibles en la esfera económica, están íntimamente comprometidas con el enfoque que EE.UU. tenga de sus relaciones con la Isla.

De existir otro escenario, probablemente podríamos empezar a ver áreas de flexibilidad en diferentes campos de la vida cubana. Pero desde hace 43 años ese hipotético escenario no ha levantado el telón. Aún aguarda porque los productores estrenen la obra. Uno de ellos, por boca de sus líderes, ha repetido en varias oportunidades estar listo. El otro, las diferentes administraciones de EEUU, quiere el control del guión y la propiedad del teatro. Es decir, un "remake" de la Enmienda Platt del pasado siglo, pero en colores. Así que al público solo le queda hacer trincheras del lunetario y cerrar filas.

Manuel Alberto Ramy es corresponsal en La Habana de Radio Progreso Alternativa y de los semanarios Progreso Semanal y Progreso Weekly 

(1) La Enmienda Platt fue un apéndice impuesto a la primera Constitución cubana de 1901. Presentada al Congreso de los EE.UU. por Orville Platt, fue redactada y aprobada en un país extranjero para dictar pautas a un país supuestamente independiente. Permitía la intervención militar de EE.UU. sin el consentimiento de Cuba, lo que la convertía en un protectorado, y sentó las bases para la usurpación del territorio donde se encuentra la Base Naval de Guantánamo. Fue abrogada en 1934.

(2) Ver “El socialismo es irrevocable”, entrevista a Ricardo Alarcón, por Francisco Aruca. Progreso Semanal, 11-17 de julio, 2002.

(3) Ver “Proyecto Varela: viabilidad jurídico-legal”, por Manuel Alberto Ramy. Progreso Semanal, edición 04-11 de julio, 2002