En los últimos diez años, el Gobierno cubano debió efectuar de manera precipitada dos reformas a la Constitución de la República de 1976, las cuales en la coyuntura actual es importante analizar dado su rol en los reajustes del poder y por su influencia en los escenarios políticos previsibles.

Hay enormes diferencias al comparar la Reforma Constitucional de julio de 1992 y la del 26 de junio de 2002. La primera fue concebida por el liderazgo gubernamental como la única alternativa de escapar al derrumbe del socialismo de Estado, ocurrido previamente en Europa oriental y la URSS. Resultó ser una reforma de fondo que cambió 77 de los 141 artículos y añadió tres nuevos capítulos a la Constitución de 1976. Aunque mantuvo el Artículo 5, sobre el partido comunista como vanguardia de la nación, base del régimen unipartidista estilo dictadura del proletariado, la reforma dio mayor flexibilidad a la Ley Fundamental y un carácter menos dogmático, ajustándola a los requerimientos de la apertura económica, a las nuevas condiciones de la gobernabilidad interna y a la situación internacional en el mundo pos socialismo real.

La Reforma Constitucional de 1992 en sus artículos 1 y 3 amplió la base social del Estado a un Estado socialista de trabajadores, diferente al obrero, como aparecía en el viejo texto constitucional; el partido tampoco se mantuvo como el destacamento guía de una clase, sino como vanguardia del pueblo; la unidad del poder y el centralismo democrático fueron suprimidos del artículo 66 —antes el 68—, permitiendo hacer una mejor distinción entre las funciones del gobierno y la administración estatal. En la actividad de la Asamblea Nacional (Parlamento), la reforma acordó la elección directa de sus diputados nacionales y provinciales, obligados a un contacto directo con sus electores (Artículo 84); se dio trato más adecuado a la religión situando un carácter no confesional al Estado y legislando la no discriminación religiosa y su laicización (capítulo 1 y Artículo 8). Además, quedaron suprimidas muchas de las referencias ideológicas del Estado que estaban previstas en los artículos 38 y 54.

La Reforma Constitucional también avanzó en la reformulación de la propiedad y en la definición de la propiedad socialista e incluyó las modificaciones a la planificación central del Estado, a la propiedad cooperativa y mixta, la autonomía de las empresas, su personalidad jurídica independiente y a la renuncia por parte del Estado al monopolio absoluto en el comercio exterior (artículos 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 23). En buena medida y pese a lo limitada que pareció a algunos observadores —principalmente en el exterior y el exilio—, la reforma recogió en medio de la crisis la aspiración a los cambios económicos y políticos de gran parte de la ciudadanía, y también del sector aperturista del partido y del mundo académico.

Para muchos actores internacionales, y para gran parte de la población cubana, la Reforma constitucional de 1992, junto con el conjunto de medidas que venían tomándose en la economía, era el reflejo de la reevaluación de la situación interna e internacional por parte del liderazgo y del interés de éste por iniciar una verdadera reforma estructural y de la economía en base al mercado, la descentralización de la producción y de las estructuras de gobierno, el desarrollo de la democracia participativa que tuviera en cuenta el carácter plural de la sociedad, y para facilitar la inserción de la Isla en la economía mundial.

La reforma bien pudo servir de primer paso para avanzar gradualmente en los cambios y generar una transformación global del modelo del socialismo de Estado de corte soviético, obsoleto y en crisis. Fue la esperanza de millones de cubanos y de amplios sectores de la comunidad internacional, incluyendo a la izquierda y otras fuerzas progresistas y democráticas.

Sin embargo, de forma sorpresiva, a inicios de 1996, con las directivas impuestas por el V Pleno del Buró Político del PCC, apoyado en una lectura triunfalista de los resultados del Período Especial, comenzó el proceso de contrarreforma política del sector duro del partido, que busca imponer a cualquier precio un escenario de sucesión del poder manteniendo la autocracia, el unipartidismo y el estatismo oficial. Por esta vía se pasó a contener las reformas desplegadas en la primera mitad de la década de 1990, preservando, en lo fundamental, el sistema político y económico responsable de la crisis nacional.

La presente Reforma Constitucional de junio de 2002 debe ser considerada la antítesis de la de 1992 y el punto culminante del proceso de contrarreforma que se extiende luego del V Pleno del PCC. Esta reforma es la envoltura legal de la esclerosis política del status quo, en tanto la anterior fue el último ensayo aperturista acometido desde el mismo. La reforma de junio tuvo un carácter bastante limitado si se tienen en cuenta los pocos aspectos transformados dentro de la Constitución, pero, no obstante, su influencia en los acontecimientos futuros de la nación pueden ser de consideración. En ella se modificaron algunos puntos específicos del Capítulo 1, Sobre los Fundamentos Políticos, Sociales y Económicos del Estado Cubano, en sus artículos 3 y 11; y, conjuntamente, el Capítulo 15, Sobre la Reforma Constitucional. Si bien la reforma se planteó por parte del régimen y de su Máximo Líder como una respuesta a los pronunciamientos de George W. Bush el 20 de mayo de 2002, para todos quedó claro —y así lo muestran los análisis más diversos— que constituye la réplica al Proyecto Varela presentado por Oswaldo Payá, apoyado por más de cien organizaciones opositoras del interior y por la recogida de más de 11.000 firmas entre la población del país.

El Proyecto Varela ha sido considerado por muchos observadores la acción más audaz promovida por la oposición interna, capaz de retar al régimen desde la sociedad civil y valiéndose de la propia institucionalidad legal de éste, lo que llevó a las autoridades —incapaces de soportar el más mínimo nivel de disensión— a organizar un proceso controlado de recogida de firmas para respaldar la reforma constitucional con una imagen plebiscitaria, a diferencia de 1992, cuando la profundidad de las modificaciones constitucionales sí requería la consulta popular, pues se trataba casi de redactar una nueva Constitución. Por el contrario, en aquella ocasión se desechó esta variante.

En 1992, en medio de la crisis y la incertidumbre generada por la desaparición del socialismo "real", el régimen no se sentía capaz de controlar los límites de la disensión e, incluso, un proceso masivo de recogidas de firmas para legitimar los cambios constitucionales, por lo que evitó el referéndum. Ahora, utilizó este último método pero sin aventurarse tampoco en un sufragio que implicara la votación directa y secreta de los ciudadanos. Evidentemente, el régimen no posee confianza en su capacidad de control social para ir más allá.

La reforma constitucional de junio pasado tiene indudablemente el objetivo de cerrar el paso a la demanda de referéndum del Proyecto Varela, y desacreditar a la oposición interna. Como se conoce, los cinco puntos que incluye el Proyecto Varela son: la transformación de la ley para la libre asociación y expresión de la ciudadanía; la amnistía de los presos políticos pacíficos; el cambio de la ley para que los cubanos puedan constituir sus propias empresas y la apertura a un sector de empresariado nacional; el cambio de la ley electoral 72, que viola la Constitución; y, finalmente, llama a las autoridades a celebrar elecciones de acuerdo a las nuevas reglas institucionales, de ser éstas aceptadas en referéndum popular. Es la razón por la que el principal aspecto de la reforma constitucional fue la cuestión inverosímil de declarar irrevocable al sistema político y social establecido en la Constitución.

Por el impacto que tiene en la actividad política inmediata y en el futuro de la nación, hay que valorar con profundidad el significado de esta enmienda. Si el liderazgo gubernamental afirma que es marxista, y la dialéctica es el método de tal filosofía, ¿cómo puede explicarse esa disposición a decretar un verdadero final a la historia de Cuba? Un partido marxista y sus líderes no utilizarían sus energías para intentar detener el cambio constante y las contradicciones, que son la fuerza motriz del desarrollo según sus concepciones, ni podrían olvidar tampoco que la dialéctica no admite la inmovilidad de la realidad en ninguna de sus formas, incluyendo la social.

Con el presente gesto, de apariencia desesperada, los líderes cubanos demuestran, junto al temor a los cambios, que no son partidarios de ninguna ideología específica, que sólo les interesa promover aquellas ideas y la institucionalidad que les garantice mantenerse en el poder de manera vitalicia. La reforma constitucional de junio, que parece para algunos una simple maniobra retórica, encierra implicaciones políticas preocupantes, que no se pueden eludir. Ella atestigua la elevación al rango de acápite constitucional de la opción de la sucesión del poder promovida por el ala conservadora del régimen, que rechaza cualquier cambio posible por la vía pacífica y la negociación y promueve en la Constitución proclamas favorables a la violencia y la guerra, como aparece en el Artículo 3.

Tales nociones constitucionales podrían acarrear dramáticas consecuencias en el futuro, dado lo imprescindible que resulta la introducción de cambios al actual sistema político. La real disyuntiva planteada ahora no es siquiera la de socialismo o muerte, sino la de oficialismo o muerte. La reforma constitucional puede interpretarse también como la iniciativa del liderazgo de ganar tiempo para que Fidel Castro pueda gobernar con respaldo constitucional hasta el fin de sus días, sin verse precisado a hacer reformas esenciales al sistema político, ni iniciar el impostergable proceso de negociación con EE UU, factor clave para facilitar el desarrollo nacional.

El régimen repite así el mismo error de los fracasados socialismos de Estado del tipo soviético, que buscaron sostenerse ilimitadamente en el poder, al amarrar hasta el más mínimo detalle de los mecanismos represivos y el aparato estatal, olvidando que es fuera del Estado, y desde la sociedad civil y en su amplia constelación de intereses, donde nacen las fuerzas del cambio político y de la transformación de la autoridad. A causa de tal enfoque, ninguno de aquellos partidos comunistas y sus dirigentes pudieron percatarse de la inminencia del desplome de sus respectivos regímenes.

La unanimidad forzada por la reforma constitucional conlleva a disminuir en Cuba los espacios posibles de protagonismo en los cambios al sector moderado del partido, que acaba de recibir el tiro de gracia de la línea dura. Se aprecia, asimismo, el traslado de esa fuerza dinámica a manos de la oposición moderada, que pese a sus limitaciones se consolida, dada la frustración de la población ante las acciones gubernamentales y la incapacidad del Gobierno para resolver los problemas cotidianos de la ciudadanía.

Frente a la confrontación violenta y al concepto estrecho de la patria —concebida sólo para los revolucionarios— cobijadas en la reciente reforma constitucional, la oposición democrática prosigue divulgando su proyecto de reconstruir la nación, mediante la reconciliación nacional y un nuevo pacto político de consenso entre todos los cubanos. Uno que conlleve en el futuro a una nueva Constitución democrática, fundamento jurídico de la "república verdadera... Con todos y para el bien de todos" que quería José Martí.