Tema. En una reacción de tiempos de la Guerra Fría, Fidel Castro denuncia acciones preparatorias de una intervención militar estadounidense justificando, por su pretendida participación en las mismas, las largas condenas a prisión a opositores al régimen y las penas de muerte y e cárcel a los secuestradores de un ferry del puerto habanero. La situación tiene rasgos tan similares a la de crisis económica y las manifestaciones de protesta del verano de 1994 como para hacer obligado un paralelo entre ambas.

Resumen. El análisis del periodo 1980-1995 de las amenazas de intervención militar norteamericana en Cuba y las medidas para impedirlas o enfrentarlas muestra que las denuncias de preparativos de una nueva intervención, no han estado acompañadas de preparativos similares. El gobierno cubano ha optado por reemplazarlos por juicios sumarios y condenas injustas a opositores y desproporcionadas a los secuestradores de un ferry en el puerto habanero. Al comparar la situación prevaleciente en el país durante esos juicios y condenas con la de las protestas violentas en el puerto de la Habana y el éxodo de decenas de miles de personas en precarias balsas el verano de 1994 se observa que, en ambas, confluyen la crisis económica y la falta de esperanza de la población por mejorar sus condiciones de vida. Pero esta vez, Fidel Castro busca evitar la repetición de esos acontecimientos amedrentando a sus opositores y a quienes tratan de salir del país, con violaciones de los derechos humanos que han suscitado: una solidaridad internacional, sin precedentes, con la oposición pacífica; e, interrumpido el diálogo político con la Unión Europea y los partidarios de levantar las sanciones económicas en Estados Unidos. La consecuencia directa de sus medidas represivas ha sido alejar la firma de Acuerdos con la UE y la adopción de medidas para continuar el levantamiento del embargo en EU que, al favorecer las inversiones y el acceso a mercados externos y mayores ingresos por comercio y turismo, facilitarían el manejo y superación de la crisis económica. Una formula que, junto a modestos avances en el respeto de los derechos humanos permitió, anteriormente, controlar y comenzar la reforma de la economía, impidiendo el deterioro de las precarias condiciones de vida de la población y generó esperanzas en un futuro mejor.

Análisis. Desde fines de la década de 1980 y comienzos de la de 1990, en plena crisis terminal del CAME y de la Unión Soviética, Fidel Castro no había invocado la amenaza de una intervención militar norteamericana. En aquel entonces la llamada "guerra de todo el pueblo", que combinaba la apertura de trincheras en muchas localidades del país y la movilización de casi dos millones de efectivos de las milicias territoriales en apoyo del ejército regular, se presentó como la mejor manera de frenar la invasión. Durante el denominado Periodo Especial, establecido a partir de 1989, se desarrolló la "Opción Cero", que implicaba entrenar a la población para sobrevivir sin agua y energía eléctrica durante muchos días, de forma de atajar algunas de las consecuencias previstas ante la supuesta intervención militar o un bloqueo económico prolongado por los Estados Unidos.

En los casi quince años que ocupan la década de 1980 y la mitad de la de 1990, las maniobras militares de Estados Unidos en el Caribe no se notificaban con antelación al gobierno cubano, que utilizaba esta excusa para justificar sus ensayos de movilización militar y popular para enfrentar una posible agresión. En 1993-1995, Estados Unidos y Cuba acordaron que estas maniobras serían anunciadas con antelación, lo que le evitaría a Cuba asumir los gravosos costos de sus movilizaciones, más sensibles para una economía que había visto reducido su PIB en más de un 40%, debido al fin de los flujos comerciales y de la ayuda financiera provenientes del campo socialista, especialmente de la Unión Soviética. En la segunda mitad de la década de 1990, las milicias territoriales fueron dejando de realizar sus prácticas de forma progresiva y fueron relevadas de la vigilancia urbana y de otras zonas de seguridad. El ejército regular redujo fuertemente sus efectivos, que fueron parcialmente incorporados a la producción, y dejaron de realizarse los desfiles militares y maniobras aéreas en los aniversarios de la Revolución. Ambas medidas contribuyeron a lograr reducir el déficit fiscal que era necesario al éxito del programa de estabilización iniciado en 1994-1995.

Coincidiendo con el fin de la guerra en Irak y el agravamiento de la inestabilidad en el Medio Oriente, Fidel Castro denunció nuevamente la amenaza de una intervención militar. Según su versión, esta vez la invasión era alentada por el Jefe de la Sección de Intereses de los Estados Unidos en La Habana, en sus reuniones con algunas decenas de opositores al régimen, cuya actuación era pública y pacífica. Sin duda alguna, sólo aquellos convencidos de la centralidad política de Cuba en el contexto internacional pueden creer en la intervención militar denunciada por Castro. Sin embargo, estos creyentes escasean dentro del propio gobierno cubano y del Partido Comunista y son inexistentes entre los encargados de la seguridad y la política exterior de Washington. Las vagas referencias a la extensión de la intervención militar en Irak a Cuba, hechas por el embajador de los Estados Unidos en la República Dominicana y la reiteración de la decisión de la Administración Bush de promover la democracia en la Isla, formulada por el jefe de la Sección de Intereses en La Habana, durante una conferencia en una Universidad de Miami, lejos de probar la denuncia de Fidel Castro, muestran lo insustancial de sus acusaciones. Quienes se manifestaron ocupan cargos periféricos en el sistema de toma de decisiones de Washington y confirman la marginalidad de la Isla en la política global estadounidense, ya que la Cuba del nuevo milenio ha dejado de ser un problema geopolítico y de seguridad. No se olvide que tanto para los gobernantes norteamericanos como para los aspirantes a la Casa Blanca, las promesas de reforzar o levantara las sanciones económicas y de restablecer la democracia en Cuba son un medio recurrente de atraer el voto y contentar a la opinión pública cubano-americana.

Esta última denuncia de la amenaza de una intervención norteamericana no ha dado lugar, sorprendentemente, a un llamamiento a filas de antiguos miembros de las milicias territoriales, ni a la reincorporación de miembros del ejército regular dados de baja, ni siquiera a ejercicios militares extraordinarios. Como bien señaló José Saramago recientemente, los juicios sumarios y las condenas a los opositores tampoco fueron acompañados por la expulsión del Jefe de la Sección de Intereses. En cambio, lo que sí es un problema para el gobierno cubano y recuerda al verano de 1994 es el deterioro económico en todo el Caribe, Cuba incluida, a consecuencia del impacto del 11 de septiembre en los flujos turísticos, agravados en este primer trimestre por los de la guerra de Irak y el estancamiento del crecimiento económico global. A esto hay que sumar los intentos de numerosas personas para escapar de la Isla a toda costa y a cualquier lugar. En 1994, miles de habaneros protestaron con inusual violencia callejera por el deterioro de sus condiciones de vida, el desempleo, las bajas remuneraciones y la reducción de los bienes de consumo subsidiados distribuidos mediante la libreta de racionamiento y exigieron poder salir del país. El tamaño de la protesta hizo necesaria la intervención de las tropas y la presencia del propio Fidel. Esas manifestaciones llevaron a las autoridades a suspender temporalmente los controles de salida ilegal del país; alentando a más de 30.000 personas a atravesar el estrecho de la Florida en precarias balsas para ganar las costas norteamericanas. Ante la avalancha de emigrantes ilegales, los Estados Unidos respondieron recogiendo a miles de ellos en el mar, confinándolos en la Base de Guantánamo, posteriormente en la Zona del Canal en Panamá y, nuevamente en Guantánamo. Finalmente, una proporción importante fue aceptada en los Estados Unidos y otra devuelta a Cuba.

La "crisis de los balseros" culminó en acuerdos migratorios Estados Unidos-Cuba a fines de 1994, los primeros y únicos sujetos a seguimiento y revisión periódica. Estos acuerdos estipulaban la concesión de 20 mil visados anuales de entrada a los Estados Unidos para ciudadanos cubanos y la devolución de aquellos emigrantes ilegales que no alcanzaran suelo norteamericano o lo hicieran recurriendo a la violencia. Sin embargo, Washington sigue concediendo permiso de residencia a los que llegan a sus costas, o están en tránsito a terceros países, siendo calificados como perseguidos políticos. Al mismo tiempo, el gobierno cubano protesta periódicamente por el incumplimiento de las cuotas de visados y, en algunos casos, de la obligación de devolver a los que han secuestrado barcos y aviones. También denuncia frecuente y exaltadamente la norma que concede asilo a los perseguidos, por entender que es la principal causa de la emigración ilegal y del uso de violencia para lograr los fines de salir del país.

Las protestas en La Habana y el éxodo de los balseros constituyeron una señal de alerta sobre el grave impacto político de la crisis económica y del deterioro de las condiciones de vida de la población, que crearon un caldo de cultivo favorable para la generalización del trabajo por cuenta propia, que estaba ilegalizado, y del mercado negro. Esta situación favoreció la profundización de los cambios iniciados en 1993, con la legalización de la tenencia de dólares y su libre circulación y de los mercados campesinos, para controlar el mercado negro y restablecer la capacidad de compra del peso. Entre septiembre de 1994 y fines de 1995 se adoptó un conjunto de medidas que conformaron un programa de reforma y estabilización económica que, combinado con la transformación de la estructura y composición de la producción, logró sus objetivos a fines de la década de 1990. Resumiendo, en 1994-1995 el diálogo internacional y las transformaciones económicas permitieron enfrentar exitosamente la desesperación de la población por el deterioro del nivel de vida y la falta de credibilidad en las promesas del régimen.

El crecimiento del 20% acumulativo anual en el número de turistas y del ingreso de divisas generado por esa actividad entre 1995 y 2000 fue la pieza angular del círculo virtuoso que comprende reformas económicas-transformación productiva-asociación estado / empresa extranjera. España, cuyas empresas mixtas con el estado cubano manejan el 40% de la ocupación turística, ha sido(1990-2003) uno de los mayores orígenes de turistas y fuentes de inversiones en Isla. La locomotora del turismo fue capaz de dinamizar la producción para consumo interno y arrastrar el carro de la empresa estatal resistente a la des-burocratización. Estas últimas, son responsables del grueso del excedente de trabajadores en la economía y contribuyen al estancamiento del proceso de reformas económicas por miedo a que al reducir su fuerza de trabajo, aumente el desempleo, la creciente desigualdad y la cada vez menor proporción del ingreso de los hogares proveniente del ingreso laboral. Sin embargo, el crecimiento del turismo se revirtió, especialmente con la caída de los flujos de visitantes tras los atentados terroristas del 11-S. En 2002, el gobierno tuvo que adoptar medidas de drástica cirugía económica, que afectaron a la emblemática industria azucarera. Así se cerraron más de 50 ingenios y se redujo su fuerza de trabajo en 200 mil efectivos.

En 2003, al aumentar las tensiones y la inestabilidad en el Medio Oriente e irse concretando la decisión de Estados Unidos e Inglaterra de intervenir militarmente en Irak, la economía mundial aumentó su tendencia al estancamiento y al deterioro, especialmente de aquellos sectores más vulnerables, como el turismo. Cuba y el Caribe, dependientes del turismo aéreo, fueron duramente afectados. Junto a esto, la persistente crisis venezolana amenaza el aporte vital que el intercambio de petróleo por servicios profesionales cubanos proporciona a la estancada economía isleña. La perdida de poder adquisitivo del peso cubano, su desvalorización de más de un 30% frente al dólar en los últimos 14 meses y el creciente desempleo y consiguiente malestar, sobre todo entre los jóvenes que ingresan al mercado laboral, son algunos rasgos comunes entre el escenario de la primavera de 2003 y el que condujo a las protestas callejeras y la "crisis de los balseros" en 1994. El aumento de la desesperanza de la población traducido en los intentos de "salir del país por cualquier medio" y el secuestro por personas armadas de dos aviones y un ferry en menos de un mes fueron, esta vez, la señal de alarma para un régimen que no quiere caer nuevamente en el descontrol ciudadano de hace diez años.

Cuba ha pasado este año del estancamiento a la crisis económica y, contra toda lógica, con los juicios sumarios y las condenas de opositores y los secuestradores del ferry habanero ha dado marcha atrás en el camino recorrido mediante el diálogo político internacional en los últimos 15 años. El que favorecería su salida del aislamiento internacional y acceder al financiamiento y acceso preferencial al mercado de UE que gozan el resto de loa países de la APC firmantes del Acuerdo de Cotonou. El gobierno cubano, por boca de su Ministro de Relaciones Exteriores Felipe Pérez Roque, ha respondido a las protestas de la UE y de los países miembros por, amenazado con retirar la candidatura formal a firmar ese Acuerdo presentada en enero pasado. Pérez Roque acusó a la UE de "chantaje", al condicionar su ingreso a Cotonou a la vigencia de las normas de derechos humanos y democratización que rigen todos los acuerdos internacionales comunitarios. En la misma línea, calificó el rechazo europeo a las sanciones económicas impuestas por la Ley Helms Burton desde su promulgación por el Congreso y el Presidente de los Estados Unidos, de complicidad con Washington en su aplicación. De este modo, rechazó el ofrecimiento del comisario Nielsen, en la inauguración de la delegación de la UE en La Habana, en febrero pasado, de apoyar el ingreso a Cotonou y de continuar el diálogo político para avanzar en el respeto de los derechos humanos. Pérez Roque ignora el precedente marcado por el Parlamento, la Comisión y el Consejo europeo, que en dos ocasiones anteriores suspendieron el diálogo político y el avance hacia el Acuerdo de Cooperación. Cuba es el único país latinoamericano y de la APC en no haberlo firmado, dada la protesta europea ante la imposición de la pena de muerte a opositores políticos (1992) y la negativa (1996) a avanzar en el respeto a los derechos humanos. Y, calculó mal la reacción de España, que en 1996 fue la principal promotora de la Posición Común europea que liga la aprobación del Acuerdo de Cooperación al avance en el respeto de esos derechos. Y, donde el recrudecimiento de la represión política del régimen cubano han unido a gobierno y oposición en su condena y en la demanda de liberar a los opositores presos.

A diferencia de 1994, en la primavera de 2003, los juicios sumarios y las penas de muerte y prisión, lejos de minar la solidaridad internacional con la oposición interna la han ampliado. Como ya se ha visto, la violación de los derechos humanos ha servido para romper el diálogo con la UE sobre el Acuerdo de Cotonou y, con congresistas y empresarios norteamericanos favorables a levantar las sanciones económicas y la prohibición de viajes turísticos a Cuba establecidos en la Ley Helms-Burton. Estos sucesos, lejos de detener la movilización y organización de la sociedad civil cubana la ha dinamizado y, además, han puesto nuevos obstáculos al comercio con los Estados Unidos y a la inversión y al flujo turístico europeos, lo que hubiera facilitado la superación de la crisis económica y la desesperanza de la población, a las que teme Fidel Castro más que a la intervención militar en Cuba que, según dice, preparan los norteamericanos.

Conclusiones: En medio de la guerra en Irak, el líder cubano ha querido amedrentar a su desesperanzada población y, particularmente, a sus opositores con juicios sumarios y sanciones de largos años de cárcel por actividades públicas y pacíficas en pro de la democratización y el respeto de los derechos humanos y con la pena de muerte a quienes por medios violentos intentan escapar de la Isla. Su equivocación ha sido la de ignorar que las manifestaciones multitudinarias de NO A LA GUERRA en los Estados Unidos, Europa y América Latina respondía al rechazo tanto a la decisión unilateral de norteamericanos e ingleses de lanzarse a la guerra, como a las violaciones de los derechos humanos durante la misma y los ocurridos en la dictadura de Sadam Hussein. La condena a los juicios sumarios y las injustificadas o desproporcionadas penas a los que osaron promover la democracia y los derechos humanos concitaron la solidaridad internacional con los afectados.

Sorprendidos por la reacción, el gobernante cubano y a sus voceros, usaron duros términos para descalificar las críticas internacionales y suspendieron el diálogo iniciado con la UE para ingresar al Acuerdo de Cotonou y con los congresistas y empresarios norteamericanos partidarios de poner fin a las sanciones económicas. De este modo se impide acabar con el aislamiento de Cuba y con su participación en la construcción de un nuevo orden regional caribeño y global. El régimen castrista se escuda en una concepción tan absoluta como a-histórica del principio de no-intervención, que niega todo esfuerzo internacional para avanzar en la universalización del respeto a los derechos humanos y los principios democráticos. En medio de una de las peores crisis económicas que ha padecido Cuba, sus autoridades han optado por cerrar cualquier posibilidad de acceder al financiamiento y a los mercados de la UE y al levantamiento de la prohibición de viajar como turistas impuesta por la Ley Helms Burton. El régimen personalista de Fidel Castro sigue condenando a la población cubana a una mayor carencia de bienes esenciales y al desempleo, aumentando el número de cubanos vulnerable a caer por debajo del nivel de pobreza, y lo hace, erróneamente, en nombre de la libertad y la soberanía nacional, por las que en realidad luchan sus opositores con el respaldo de la comunidad internacional.